La ley de competencia es el cuerpo legislativo destinado a prevenir la distorsión del mercado causada por prácticas anticompetitivas por parte de las empresas. En los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la ley de competencia también se conoce como ley antimonopolio.
El propósito de la ley de competencia es garantizar un mercado justo para los consumidores y productores al prohibir las prácticas poco éticas diseñadas para obtener una mayor participación de mercado de la que podría lograrse mediante una competencia honesta. Los efectos de las prácticas anticompetitivas incluyen no solo la dificultad para que las empresas más pequeñas ingresen o tengan éxito en un mercado, sino también precios al consumidor más altos, un servicio más deficiente y menos innovación.
Las prácticas anticompetitivas incluyen, entre muchos otros ejemplos: precios predatorios, que implican un monopolio u oligopolio que cobra un precio exorbitante por algo que el consumidor no tiene más remedio que comprar; fijación de precios, que implica la colusión entre posibles competidores para fijar precios similares para los productos; manipulación de licitaciones, que implica la connivencia para seleccionar por adelantado al ganador de un contrato; y el dumping, que implica vender un producto a un precio tan bajo que las empresas más pequeñas no pueden competir y pueden verse obligadas a salir del mercado. Aunque la legislación específica varía de un país a otro, esas prácticas generalmente están prohibidas por la ley de competencia.
La primera ley de competencia se impuso en el 50 a. C. para proteger la industria del grano en el Imperio Romano y prohibía el bloqueo de los barcos de suministro.